domingo, 27 de julio de 2014

Demanda en eusquera, contestación en castellano y sentencia en catalán

Como todos podéis imaginar el título no se corresponde con ninguna situación real. Pero casi. Cada vez es más habitual que en los procedimiento judiciales se entremezclen el castellano y las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Y no solo aparecen redactados en diferentes lenguas los escritos presentados por las partes, sino que también es bastante usual que el propio órgano jurisdiccional se exprese en la lengua de la comunidad autónoma a la hora de dictar sus resoluciones. 

Quiero tomar como punto de partida una idea que nada tiene que ver con el Derecho y en la que todos podemos estar de acuerdo. Si dos ciudadanos de los dos extremos opuestos de España uno de Arteixo y el otro de l'Ampordà- coinciden en un bar de carretera de Texas, ¿En que lengua se comunicarían mientras toman el desayuno? Todo parece indicar que ambos comentarán en castellano el último partido del Barça o la reciente abdicación del Rey. La otra opción –mucho menos probable, creo yo- es que se tomen su desayuno en silencio despidiéndose, mientras pagan la cuenta, con un "good bye" .

La misma lógica ha de aplicarse en un procedimiento judicial. Y es que para que cualquier proceso de resolución de conflictos se desarrolle con normalidad es imprescindible que ambas partes compartan un mismo sistema de comunicación o, en caso de no existir lengua compartida, acudan a la ayuda de un traductor.

Veamos en primer lugar, qué dice la norma. El artículo 231 de la LOPJ cuyo contenido aparece reproducido en el artículo 142 de la LEC- establece una serie de pautas en relación a las lenguas del proceso, que podemos resumir del siguiente modo:
  1. Como regla general, en las actuaciones judiciales –las llevadas a cabo por Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, etc- se usará el castellano.
  2. Sin embargo, también se podrá usar la lengua oficial de la Comunidad Autónoma siempre que ninguna de las partes se oponga alegando indefensión.
  3. Las partes –sus abogados y procuradores- también podrán utilizar la lengua de la Comunidad Autónoma, si bien se procederá a su traducción en dos supuestos: a) cuando las actuaciones deban surtir efecto fuera de la Comunidad Autónoma; b) a instancia de la parte que alegue indefensión.
A priori, puede parecer que el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil deja resuelta toda cuestión relacionada con las lenguas oficiales y el proceso, pero en realidad son muchas las dudas que surgen en cuanto a su aplicación práctica.


¿En qué momento procesal debemos solicitar la traducción de la resolución o del escrito redactado en una lengua que desconocemos?

Esta cuestión no tiene respuesta en la literalidad de la norma, pero puede ser resuelta acudiendo al concepto general de indefensión que ya delimitó en su día el Tribunal Constitucional, y al que se refiere la Audiencia Provicinal de Barcelona (Sección 11), en Sentencia núm. 346/2013, de 22 julio: "Tres son los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para que pueda afirmarse la existencia de indefensión: a) Que el vicio sea grave y esencial; b) Que produzca una indefensión real y efectiva - o sea material, no solamente formal- , STS de 18 de julio de 2002; c) Que se haya pedido la subsanación de la falta en el momento procesal procedente, STS de 6 de abril de 2000".

Los dos primeros requisitos se cumplen de manera automática en cuanto una de las partes desconoce la lengua. El tercero, por su parte, nos ofrece una respuesta a la pregunta que nos hacíamos: la indefensión debe ser alegada tan pronto como se produce, es decir, desde el momento en que el juzgado nos notifica la primera resolución o nos da traslado del primer escrito de contrario redactado en una lengua que desconocemos.

Por ejemplo, si estamos en sede de un procedimiento civil ordinario y a la parte demandada le notifican el Decreto de admisión a trámite de la demanda redactado en una lengua que desconoce, será en este momento procesal cuando deba alegar indefensión, y no cuando le notifiquen la sentencia redactada en esa misma lengua, meses después.




¿Qué cauces deben seguirse ante la solicitud de traducción?

Este es quizás el aspecto más inquietante de la norma: no se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil un procedimiento para que la parte perjudicada pueda alegar indefensión. Esto ha generado una práctica forense muy variada en la que cada juzgado opta por la solución más acertada según su buen criterio.

Grosso modo, suelen darse dos opciones. Generalmente, los juzgados optan por la vía más rápida y sencilla: tan pronto como reciben el escrito de parte, resuelven acordando la traducción o el traslado del escrito su autor para que lo traduzca- así como la suspensión o interrupción del plazo correspondiente. En otras ocasiones, el Juzgado da traslado a la parte contraria por un plazo determinado (5 o 10 días, generalmente) para que formule alegaciones al respecto, resolviendo sobre la traducción una vez han sido oídas ambas partes.


¿Quién ha de hacerse cargo de la traducción? ¿La Administración de Justicia o la parte?

Ésta es una cuestión controvertida y en la que hay soluciones para todos los gustos. Al menos en el proceso civil, es bastante habitual que el Secretario Judicial ordene dar traslado a la parte que presentó el escrito para que proceda a su traducción, so pena de mantener la suspensión del plazo correspondiente en tanto no se presente y se dé traslado a la parte contraria un nuevo documento redactado en castellano.

Sin embargo, no creo que esta sea la opción más acertada. Si atendemos al tenor literal de la norma –"se procederá de oficio a su traducción"-, así como al espíritu de la misma estableciendo un derecho de las partes en el proceso a emplear la lengua oficial de la Comunidad Autónoma-, parece deducirse que deban ser los propios órganos judiciales quienes lleven a cabo la traducción del escrito a través de los servicios de traducción e interpretación de la Administración de Justicia.


¿Pueden el Juez o el Secretario Judicial denegar la petición de traducción a la parte que alega indefensión?

Situación aislada y bastante inusual, pero a veces se produce. Aquí creo que la respuesta es clara: una resolución que resuelve en sentido negativo la solicitud de traducción contraviene abiertamente los artículos 231 de la LOPJ y 142 de la LEC salvo que no se cumplan los requisitos propios de la indefensión-, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), y es causa de nulidad de actuaciones. 

En este sentido, contamos con algún antecedente jurisprudencial. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19), en Sentencia núm. 287/2013, de 31 julio, declaró la nulidad de actuaciones en un caso en que el Juzgado de Primera Instancia había denegado la solicitud de traducción al castellano de una demanda redactada en catalán por ser de Madrid el abogado que ostentaba la defensa de la demandada. En el mismo sentido, en un caso muy parecido, falló la también la Audiencia Provicinal de Barcelona (Sección 11), en Sentencia núm. 346/2013, de 22 julio.  

En cualquier caso, se me ocurre algún "de laboratorio" en que el que pudiera denegarse la traducción sin producir indefensión a la parte que la solicitó. Por ejemplo, cuando la parte que presentó el escrito en catalán o gallego acredite que la petición de traducción de la contraria únicamente persigue una finalidad dilatoria, probando que ese mismo abogado, el procurador y su cliente, ya habían utilizado con anterioridad la lengua de la Comunidad Autónoma cuyo desconocimiento alegan- en otros procedimientos judiciales seguidos con anterioridad. 


¿Los plazos se interrumpen o se suspenden? ¿en que momento se produce la suspensión?

Una vez el Juzgado estima la petición de la parte, ordenando la traducción, cabe preguntarse qué efecto tiene esta resolución respecto de todos aquellos plazos procesales que a han empezado a transcurrir desde que se produjo la notificación a la parte que alega indefensión. Tomando como referencia un supuesto habitual, desde que nos notifican una demanda de juicio ordinario redactada en euskera, comienzan a transcurrir distintos plazos: contestar a la demanda (20 días), formular declinatoria (10 días) recurrir en reposición el Decreto de admisión a trámite de la demanda (5 días) o solicitar aclaración respecto del mismo (2 días), entre otros.

Parece que la interrupción del plazo es la opción más adecuada para salvaguardar al máximo el derecho a la tutela judicial efectiva. De este modo, la parte que alega indefensión no tendría que sufrir una merma por más que fuera de un día o de dos- en el plazo de que disponía inicialmente. Sin embargo, la práctica forense va por otros derroteros, y, al menos en la jurisdicción civil, la inmensa mayoría de los juzgados optan por la mera suspensión del plazo, quedando congelado hasta su posterior reanudación.

Optar por la suspensión añade una nueva discusión. ¿A partir de qué día se suspende el plazo? En este punto podemos encontrar interpretaciones de todos los colores. Desde juzgados que optan por suspender el plazo tomando como referencia la fecha de la propia resolución que acuerda la traducción, hasta juzgados que, siguiendo una interpretación más garantista, consideran suspendido el plazo desde la fecha en que se presentó el escrito solicitando la traducción. 

No se plantean dudas respecto del momento de la reanudación del plazo (en caso de suspensión) o su comienzo desde el minuto cero (en caso de interrupción): el plazo volverá a correr al día siguiente a aquel en que nos notifiquen el escrito o la resolución debidamente traducidos.


Todas estas son algunas de las cuestiones que suscita en la aplicación práctica de los artículos 231 de la LOPJ y 142 de la LEC. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que habrá muchos mas interrogantes por resolver. Lo que sí está claro es que la actual regulación nos ha llevado a la solución del "caso por caso": confusión y falta de seguridad jurídica. Y ni que decir tiene que todas estas idas y venidas con traductores de por medio y suspensión de plazos procesales siempre termina generando retrasos de varios meses en los procedimientos judiciales.

Por todo ello, no vendría nada mal una intervención del Legislador para procurar una mayor claridad en un asunto tan delicado como éste, en el que están en juegos el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el que se incluye el derecho a una Justicia sin dilaciones indebidas- y el principio de seguridad jurídica.

lunes, 13 de enero de 2014

¿Interrogatorio de parte acordado de oficio por el juez?

Después de un largo parón, tengo el placer de publicar de nuevo con la colaboración de Emilio Moyano Martínez, excepcional compañero de viaje durante los últimos meses. Como prueba de que teoría y práctica no deben estar reñidas y que sólo con una buena base de principios se puede cocinar un buen plato en la práctica del Derecho, nos decidimos hace meses a escribir sobre una cuestión procesal de plena actualidad. Emilio, aprovecho la ocasión para desearte lo mejor en ese nuevo proyecto que emprendes, donde doy por hecho que el éxito estará asegurado.
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Con carácter general, en nuestro ordenamiento jurídico procesal se atribuye a las partes la determinación de los medios de prueba de los que valerse para hacer valer sus pretensiones. Así lo disponen los artículos 216 y 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En efecto, mientras el artículo 216 define el principio de justicia rogada de la siguiente manera; “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”, el artículo 282, al tratar la iniciativa de la actividad probatoria establece que “las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezcan la ley”. Las excepciones a las que se refieren ambos preceptos no son otras que los procesos no dispositivos, en los que “sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes” (artículo 752.1, párrafo segundo, LEC).

Ahora bien, el artículo 429.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concede al Juez la facultad de señalar, en determinados supuestos, las pruebas cuya práctica considere convenientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Disponen los párrafos segundo y tercero del mencionado precepto (los subrayados son nuestros):

"Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica  considere conveniente.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal".




¿Qué significado debe atribuirse a esta norma?, ¿es posible interpretar que habilita al juez para acordar pruebas de oficio cuando considere insuficientes las propuestas por las partes? Aunque pueda resultar llamativo, así lo han entendido en no pocas ocasiones los jueces de primera instancia en procesos que versan sobre vicios en el consentimiento, por error o dolo, en la contratación de productos financieros. De este modo se ha empleado el artículo 429.1 LEC  para acordar de oficio el interrogatorio de parte no propuesto por la parte contraria. 

Entendemos sin embargo, que dicha interpretación de la norma resulta cuando menos desafortunada. 

Partiendo del criterio de interpretación telelógica, no cabe duda de que en la mente del Legislador nunca estuvo presente la intención de atribuir al juez la facultad de acordar de oficio la práctica del interrogatorio de parte. En este sentido, la propia Exposición de Motivos de la LEC nos recuerda que "el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en función de sus derechos e intereses legítimos", de tal forma que, según el principio de justicia rogada, "no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho ... Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisión, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jurídicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensión y con las debidas garantías, se impone a las partes, excepto en casos de singular simplicidad, estar asistidas de abogado".

Asimismo, de acuerdo con los criterios de interpretación literal y sistemático, la lectura que resulta más coherente con el principio de justicia rogada o principio dispositivo, pasa por entender que el Juez puede recomendar a las partes la proposición de prueba que, por el motivo que fuere no hubiera sido propuesta de inicio, pero en ningún caso acordarla de oficio. El tenor literal del precepto es claro cuando dice que el Juez “podrá señalar…la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente”, para que las partes, si así lo consideran, puedan completar o modificar sus proposiciones de prueba. Cuando el legislador ha querido conceder al Juez la facultad de acordar de oficio la práctica de prueba, así lo ha hecho de modo expreso. Es el caso de las diligencias finales, en relación con las cuales señala el artículo 435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el tribunal “podrá acordar, de oficio o a instancia de parte” (según los casos), la práctica de prueba. 

Hay que tener además en cuenta la configuración legal del interrogatorio de parte. Dispone en este sentido el artículo 301.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio.” (el subrayado es nuestro). El legislador ha querido que el interrogatorio de parte solo pueda ser propuesto por la parte contraria y quizá sea ésta una de las manifestaciones más evidentes del principio dispositivo. Y puede ser cuestionada, pero para ello habrá que apartarse de los principios inspiradores de la nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil.

Acordar de oficio el interrogatorio de parte supone cambiar las reglas del juego a mitad del partido, excediéndose así el Juez de la posición que está destinado a ocupar, cercana a la de mero espectador. Siguiendo una expresión gráfica de un apreciado colega y profesor, el Juez debería actuar de un modo muy parecido a como lo hace el árbitro en un partido de tenis: siguiendo atentamente la pelota de lado a lado de la cancha y gritando out cuando ésta sobrepase la línea de cal. Pero no puede decidir dónde se sitúa esta línea, pues el tamaño de la cancha, las reglas del juego, ya están fijadas de antemano por quien tiene la competencia para ello.