martes, 5 de mayo de 2015

Cláusulas suelo: no hay café para todos / LEGALTODAY con Ana Arroyo Marín


Como es de sobra conocido, durante los últimos años se ha producido en nuestro país una verdadera oleada de reclamaciones judiciales solicitando la nulidad de las llamadas cláusulas suelo. Sin lugar a dudas, la famosa Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013 (RJ 2013\3088) constituye un hito fundamental en esta materia, en la medida en que configura el denominado doble control de transparencia ...

viernes, 10 de abril de 2015

A vueltas con la "mala fe y temeridad"


Según la RAE, es temerario el "excesivamente imprudente" y actúa de mala fe quien lo hace "con malicia o engaño". Para variar, en el lenguaje jurídico la cosa cambia y esas mismas palabras tienen -o deberían tener- un significado diferente cuando son pronunciadas ante un tribunal o introducidas en un escrito. En Derecho procesal, temeridad y mala fe son conceptos técnicos-jurídicos que se refieren a situaciones distintas y no equiparables.

Sin embargo, es habitual que ambos se entremezclen, como demuestra el uso de la manida fórmula "mala fe y temeridad", presente en todo tipo de resoluciones judiciales, escritos de parte y repetida hasta la saciedad en salas de vistas de toda la geografía nacional. Dadas las dudas que en ocasiones se producen entre ambos conceptos, sucede que en muchos casos ambos planos se confunden o superponen, produciendo un negativo resultado: que sus efectos en materia de costas sean en ocasiones los mismos

Basta con googlear la expresión entrecomillada para comprobar que los medios de comunicación también se han hecho eco. Sólo por poner un par de ejemplos: "el Real Murcia habla de mala fe y temeridad de la Liga" (Marca, 21/08/2014); uno de los abogados personados en el caso Nòos "baraja la posibilidad de pedir la nulidad de actuaciones y la expulsión del procedimiento de Manos Limpias por mala fe y temeridad" (20Minutos, 23/01/2013). 

Quizás tanta confusión venga motivada por la rotundidad y contundencia con que suena la fórmula: ¿a quién no le ha atraído la idea de finalizar las conclusiones del juicio con el habitual "y que se condene a la parte demandada por su mala fe y temeridad"?

Bromas aparte, ni todo el que actuó de mala fe es temerario, ni todo el temerario necesariamente actuó de mala fe, si bien es cierto que ambas cosas están separadas por una delgada línea de cal. Y distinguir ambos conceptos tiene importantes implicaciones prácticas en el proceso civil, especialmente en una materia sensible como es la imposición de costas. Por ejemplo, mientras en los supuestos de estimación parcial de la demanda, podrán imponerse las costas a la parte que hubiera litigado con temeridad (art. 394.2 LEC), en los casos de allanamiento, la imposición de costas dependerá de la apreciación, en su caso, de mala fe del demandado (art. 395 LEC). 

Ambos conceptos vienen delimitados en la concisa Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª), de 5 de junio de 2013 (JUR 2013\318327): 

"El primero [mala fe], tiene una proyección eminentemente subjetiva, porque es una creencia, mientras que el segundo [temeridad] tiene un aspecto objetivo por cuanto equivale a una conducta procesal, de forma que la mala fe es aplicable al que es consciente de su falta de razón procesal, mientras que la temeridad supone la conducta procesal objetiva carente de fundamento defendible en derecho". 

Conforme a esta resolución, ya podemos advertir una primera diferencia: la naturaleza puramente subjetiva de la mala fe y el carácter objetivo de la temeridad

Por otra parte, la sentencia es significativa, por cuanto nos permite apreciar la importancia práctica de delimitar ambos conceptos: mientras la parte demandante pretendía que se le impusieran las costas al demandado condenado en rebeldía, en un pleito en el que no resultaba preceptiva la intervención e abogado y procurador (art. 32.5 LEC), la Audiencia Provincial excluye que hubiera habido temeridad partiendo de su carácter eminentemente objetivo. 

Profundizando todavía más en las diferencias, destaca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería (Sección 1ª) de 22 julio de 2014 (JUR 2014\275442): 

"La mala fe es un concepto claramente diferenciado de la temeridad por pertenecer esta última al ámbito de la actuación procesal y la primera al campo de las relaciones sustantivas que precisamente son las que dan lugar a la litis de tal modo que se actúa con temeridad cuando se sostiene una pretensión o una oposición en juicio sin mínima base, argumento o expectativa razonable, en tanto que ha de apreciarse mala fe cuando el demandado ha venido eludiendo de modo claro, mantenido y consciente el cumplimiento de las obligaciones o cuando el demandante ha venido buscando materialmente sin razón alguna el cumplimiento de un débito de contrario, posturas que terminan llevando a la iniciación de un pleito con las consiguientes molestias, gastos y costas cuya asunción por la parte perjudicada es lógica en estos supuestos y, concretamente, los supuestos de mala fe por parte del obligado quedan de ordinario patentes a través de los previos requerimientos infructuosos que se le hayan podido dirigir o mediante otros datos que evidencien su posición remisa y obstaculizadora al normal cumplimiento".

Esta resolución nos ofrece una segunda diferencia: la temeridad ha de tener lugar necesariamente dentro del proceso, mientras que la mala fe puede -y suele- apreciarse en la conducta pre-procesal de las partes.

Una vez vistas la diferencias en el plano teórico, pongamos un caso práctico para comprobar que mala fe y temeridad pueden darse en un mismo supuesto de hecho. Veamos un caso de laboratorio:

  1. "A" reclama mediante burofax a "B" el pago de una deuda domiciliada de 1.000 euros (aunque "A" es perfectamente consciente de que "B" únicamente le debe 500 euros, dado que la otra mitad ya se la abonó en metálico).
  2. "B" contesta al burofax alegando que únicamente debe 500 euros y aportando un recibí firmado por "A".
  3. "A" interpone demanda frente a "B" reclamándole el pago de 1.000 euros, celebrándose la correspondiente vista de juicio verbal. 
  4. "B" aporta como prueba el documento al que nos referíamos -recibí firmado- y "A" no lo impugna ni manifiesta no reconocerlo, sosteniendo su pretensión inicial y quedando el asunto visto para sentencia.
  5. El juez dicta una sentencia parcialmente estimatoria de la demanda, condenando a "B" al pago de 500 euros más los correspondientes intereses.

En este caso, es evidente que concurren ambas: mala fe del demandante, antes y durante el proceso , y temeridad, una vez se interpone la demanda y se mantiene la pretensión hasta llegar a sentencia. En consecuencia, en este caso el juez podría imponer las costas al demandante en aplicación del artículo 394.2 de la LEC, al haber litigado con temeridad, es decir, "sin mínima base, argumento o expectativa razonable". 

Del mismo modo, puede también ocurrir que únicamente se de una de las dos figuras. Imaginemos que, en el ejemplo que poníamos antes, "A" impugna la autenticidad del recibí aportado por "B". A pesar de ser perfectamente consciente de haber recibido 500 euros de su deudor, "A" considera que la firma plasmada en el documento no es suya. La resolución del pleito queda entonces a espesas de la práctica de una prueba pericial que finalmente determina la autoría de la firma corresponde al deudor.

El resultado es el mismo que en el primer ejemplo: el juez dicta una sentencia parcialmente estimatoria de la demanda, condenando a "B" al pago de 500 euros más los correspondientes intereses. En este caso concurre mala fe del demandante, antes y durante el proceso, pero no temeridad, dado que la actuación procesal de "A" no puede tildarse de irrazonable o carente de toda base o fundamento. 

¿Deberían imponerse en este caso las costas a la parte actora? Habrá quien responda afirmativamente (dado que sigue existiendo una evidente conducta reprochable), pero conforme al tenor literal del artículo 394.2 de la LEC, siendo la estimación de la demanda parcial, no cabría imponer las costas a ninguna de las partes si no se aprecia temeridad, por más que una de ellas hubiera actuado de mala fe.

A mi juicio, esta posición encuentra respaldo en varios argumentos: (i) la dicción literal del artículo 394.2 en relación con el principio de legalidad procesal; (ii) la necesidad de aparejar efectos procesales diferentes a conceptos jurídicos que son diferentes (ii) el hecho de que tal criterio venga heredado -sin sufrir mutación- del antiguo artículo 523 de la LEC de 1981; (iii) la lectura comparativa del precepto con el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

A favor de esta interpretación, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª) de 25 febrero de 2014 (AC 2014\346), en la que se circunscribe la aplicación del artículo 394.2 única y exclusivamente a la concurrencia de temeridad, entendida como "una forma aventurada o aviesa de litigar, actuando, al interponer u oponerse a la demanda, con una falta elemental de prudencia y sin presentar la diligencia debida que, de haberse prestado, le habría permitido conocer que no le asistía la razón".

En contra se dirá que el artículo 394.2 debe ser objeto de interpretación correctora y que el Legislador olvidó incluir en el mismo la expresión "mala fe". De hecho, encontramos sentencias de las que se desprende que mala fe y temeridad estarían incluidas en el mencionado precepto. Podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia (Sección 1ª) de 21 octubre de 2014 (JUR 2015\7462): "encontrándonos en un caso de estimación parcial no se advierte ni se aprecia temeridad ni mala fe en la demandada, única salvedad por la que podrían imponérsele las costas al amparo del apartado 2 del art. 394". 

Sea cual fuere la posición que más nos convenga, el debate está servido.