Recurso de amparo en México y España

       Hace poco menos de un año, el día 13 de abril de 2011, tuvieron lugar en Ciudad Real unas interesantes ponencias durante el desarrollo del Programa Bicentenarios, organizado por la Universidad de Castilla-la Mancha, y cuyo colofón consistió en la investidura como Doctor Honoris Causa del reconocido jurista mejicano D. Héctor Fix Zamudio. En aquella ocasión, los profesores Héctor Fix Fierro (Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), presentaron sendas ponencias dedicadas, entre otras cuestiones, al juicio de amparo en México y su relación con el recurso de amparo vigente en España. A propósito del acto mencionado, realicé en su día un pequeño artículo que hoy quiero compartir en este blog, en el que doy cuenta de las experiencias compartidas en aquellas jornadas, y en el que trato algunas de las cuestiones jurídicas allí planteadas. 

El juicio de amparo en México, su origen, uniones y divergencias con el recurso de amparo para la tutela de las libertades y derechos fundamentales. Mención del Derecho procesal constitucional, en tanto que rama autónoma del Derecho procesal.

      

       Antes de entrar en materia, no resulta ocioso dar breve cuenta de la importancia que posee el Derecho mexicano, en lo que se refiere a la institución jurídica del amparo. En este sentido, tal y como señala EDUARDO FERRER MAC-GREGOR, “Con independencia de los antecedentes remotos en el derecho romano (homine libero exhibendo), en el inglés (habeas corpus) y en el español (procesos aragoneses del Medioevo), se ha considerado por la mayor parte de la doctrina que el amparo constituye una institución genuinamente mexicana, al haberse previsto por primera vez en la Constitución yucateca de 1841 (arts. 8º, 9º y 62) y al haberse acogido a nivel federal, posteriormente, en las Constituciones de 1857 (arts. 100 y 101) y en la actual de 1917 (arts. 103 y 107)” (Prólogo de la obra Ensayos sobre el derecho de amparo, 3 Ed., México, 2003. HECTOR FIX-ZAMUDIO, a cargo del profesor EDUARDO FERRER MAC-GREGOR). 

     El primer punto de conexión entre los ordenamientos jurídico-procesales y constitucionales mexicano y español, separados físicamente por un extenso océano, lo hallamos en el propio origen histórico del juicio de amparo en México. Como han puesto diversos autores de relieve, el derecho de amparo en México recibió, a lo largo de la historia, diferentes influencias de otros ordenamientos jurídicos extranjeros, y, particularmente, de la que fue metrópoli dominadora durante casi trescientos años. Más allá del indudable influjo del Derecho francés, en relación con la elaboración de diferentes declaraciones de derechos humanos, y de la decisiva influencia de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes del sistema de los Estados Unidos de América: Un importante antecedente del juicio de amparo mexicano, lo encontramos en España  entre los siglos XI y XIII, en la institución jurídica conocida como “El Justicia Mayor de Aragón”, cuyos mecanismos procesales de funcionamiento se denominaban los “procesos forales de Aragón” (VICTOR FAIRÉN GUILLÉN, Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México). 

      Además de la incidencia que hubiera podido tener esta institución  aragonesa remota en el origen del juicio de amparo, cuestión sobre la cual se ha mostrado en contra algún autor discrepante: El profesor HECTOR FIX-ZAMUDIO, ha considerado que la influencia del Derecho español sobre el juicio de amparo en México se puede observar en tres ideas fundamentales: En primer lugar, en el propio nombre de la institución, de indudable origen en el Derecho español. En segundo lugar, en la influencia centralista del derecho colonial, “que determinó la concentración de los asuntos judiciales en las audiencias, y en última instancia en el Consejo de Indias”, supuso en forma sustancial, que se impusiera “el criterio jurisprudencial de la procedencia del juicio de amparo contra todas las sentencias judiciales pronunciadas por los tribunales del país, tanto lo locales como federales, en virtud de la aplicación incorrecta o indebida” (inexacta aplicación de las leyes ordinarias). En tercer y último lugar, se observa la influencia de la casación española presente en las Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1885 y 1881, modelo que fue  introducido en los Códigos procesales adoptados por las entidades federativas mexicanas, y que subsistió paralelamente al juicio de amparo hasta que fue suprimido en el año 1919 (HECTOR FIX-ZAMUDIO El recurso de amparo y la suspensión de las garantías, El derecho de amparo en México y en España, su influencia recíproca). 

      En la actualidad, los caracteres comunes de la acción de amparo en México y España (denominada juicio de amparo y recurso de amparo, respectivamente), han sido señalados por EDUARDO FERRER MAC GREGOR, autor que considera que, en ambos casos, se trata de un derecho público subjetivo, de naturaleza constitucional, dirigido al Estado por conducto de sus órganos competentes, así como frente al Estado, cuyo fundamento es la violación o inminente alteración de un determinado derecho fundamental (FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, La acción constitucional de amparo en México y España. Estudio de derecho comparado, prólogo de Héctor Fix-Zamudio, México 2000).  Además, cabe apuntar que, tanto en el juicio de amparo como en el recurso de amparo rige el principio e subsidiariedad, en tanto que, para acudir a estos medios de control constitucional, se requiere haber agotado previamente cualquier medio ordinario de defensa. De la misma forma, en ambos amparos rige el principio de relatividad de las sentencias, en tanto que únicamente se beneficia o protege a aquellos sujetos cuyos derechos fundamentales han sido violados (Víctor Miguel Bravo Melgoza, Medios de control constitucional en México y España).

     Más allá de las similitudes de ambos sistemas, si hubo una cuestión que despertó el interés de los asistentes durante el desarrollo de las ponencias de contenido jurídico de las jornadas Bicentenarios 2011, fue precisamente la relativa a las diferencias entre el juicio de amparo mexicano y el recurso de amparo español. En este sentido, tal y como ha puesto de relieve HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, cabe apuntar las siguientes divergencias: En primer lugar, el amparo español se reduce exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, entre los cuales no se hayan comprendidos la libertad e integridad personales, que son tutelados por el habeas corpus como institución independiente (El Art 17 CE señala que La ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional), mientras que, el juicio de amparo en México es mucho más amplio, y abarca, entre otras cuestiones, tanto el habeas corpus como la protección de las demás garantías individuales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  En segundo lugar, en nuestro recurso de amparo se excluyen la impugnación de normas generales, que se combaten por medio del recurso o acción de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, así como el control de la legalidad que se confiere a los tribunales ordinarios, y, en última instancia al Tribunal Supremo mediante el llamado recurso de casación. En cambio, en México, el amparo abarca, tanto la impugnación de normas generales, el habeas corpus (como ya vimos), el control de legalidad de los actos y resoluciones de carácter administrativo, así como la impugnación de las resoluciones judiciales de todos los tribunales del país.

      Así pues; frente al recurso de amparo español, el cual únicamente cabe por violación de los derechos y libertades fundamentales; el recurso de amparo mexicano comprende tanto las cuestiones estrictamente constitucionales como las de control de legalidad. En definitiva, si el recurso de amparo se configura como un recurso extraordinario de carácter subsidiario, al que sólo es posible acceder cuando se han agotado las vías ordinarias procedentes, y su naturaleza no es revisora ni constituye una tercera instancia para defender la mera legalidad ordinaria, sino solo en cuanto incida en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. El juicio de amparo, tal y como ha entendido la doctrina, ostenta una doble naturaleza, como amparo-juicio y como amparo-recurso: es un verdadero juicio cuando no se reclamen la violación del Art 14 de la Constitución mexicana, en el sentido de exacta aplicación de la ley (legalidad ordinaria), en cambio, cuando se reclama la transgresión de aquel precepto se convierte en un recurso, sin desconocer su naturaleza extraordinaria. También se ha apuntado que el juicio de amparo es, tanto un recurso constitucional lato sensu, como un recurso extraordinario de legalidad, ya que a través del juicio de amparo pueden repararse actos directamente inconstitucionales y actos que sólo a través de una ley ordinaria redundan en una violación indirecta de la Constitución (Martha Elba Hurtado Ferrer, El recurso de amparo español).

      Precisamente en este orden de cosas, podemos encontrar una nueva diferencia entre el sistema mexicano y el sistema español: En el primero, cuando se trata de un juicio de amparo indirecto, conoce de él un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito en primera instancia y, en segunda instancia o revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando se trata de un amparo directo, sólo conocen del mismo estos dos últimos tribunales. Sin embargo, en el sistema procesal español, únicamente conoce del recurso de amparo el Tribunal Constitucional en una sola instancia.

      Como puede observarse, el juicio de amparo es notoriamente más extenso que el recurso de amparo, de ahí que el propio HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, haya considerado que, si cotejamos el juicio de amparo mexicano, con los instrumentos procesales existentes en España, el primero abarcaría: tanto el habeas corpus, como el recurso de amparo y el recurso de casación en todas las materias (que en España correspondería la Tribunal Supremo). Considera además, este prestigioso autor, que, incluso, podría abarcar en cierto modo, el proceso contencioso-administrativo, regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (HECTOR FIX-ZAMUDIO, El recurso de amparo y la suspensión de las garantías, El derecho de amparo en México y en España, su influencia recíproca). 

      Otra de las cuestiones que fueron tratadas durante las Jornadas Bicentenarios 2011, fue el reconocimiento del desarrollo del Derecho procesal constitucional en tanto que rama autónoma del derecho procesal, tarea en la cual jugó un papel fundamental el doctor honoris causa HÉCTOR FIX-ZAMUDIO. En este sentido, sus aportaciones al Derecho procesal constitucional han resultado fundamentales para su aceptación como disciplina autónoma, llevando a cabo la configuración científica de la disciplina que se iniciara con HANS KELSEN en 1928, y siendo el jurista  que primero definió su naturaleza, desarrollando con claridad sistemática el Derecho procesal constitucional desde una perspectiva de autonomía procesal. Siguiendo al definición del autor reseñado, el Derecho procesal constitucional es aquella “disciplina jurídica, situada dentro del campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar las violaciones de los mismos” (HECTOR FIX-ZAMUDIO, Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho procesal constitucional). 

      Sin ánimo de extendernos más en esta cuestión, para la cual nos remitimos a la extensa obra realizada por el citado autor, no queremos dejar pasar la oportunidad de citar literalmente una celebre y significativa frase del propio HECTOR FIX-ZAMUDIO, relativa a la entonces naciente disciplina del derecho procesal constitucional, con la cual su hijo y hoy importante investigador, HECTOR FIX FIERRO, puso el broche de oro a la última de las lecciones magistrales impartidas en las Jornadas Bicentenarios:

      “Nos encontramos en el comienzo, en el amanecer de una disciplina procesal que promete un florecimiento inusitado, por la trascendencia que sus principios tienen para la salvaguardia de la Constitución, de cuya integridad depende la vida misma de la sociedad y la de sus instituciones más preciadas” (Reproducción extraída de su tesis de licenciatura denominada La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo, 1955, México, UNAM).