jueves, 16 de agosto de 2012

Derecho a la propia imagen vs. Libertad de expresión e información

El artículo 20.1 de la Constitución Española, reconoce como derecho fundamental -especialmente protegido mediante amparo constitucional y judicial (art. 53.2 CE)-, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Así pues, en el citado precepto se reconocen dos derechos fundamentales diferentes, pero cuyos contenidos se encuentran íntimamente relacionados: la libertad de información y la libertad de expresión. En este sentido, según ha establecido el Tribunal Supremo, la libertad de información comprendería la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos, mientras que la libertad de expresión no se referiría a la comunicación de hechos, sino a la emisión de juicios, creencias, pensamientos u opiniones de carácter personal y subjetivo[1] (STS 601/2011, de 19 de diciembre). 

Por su parte, el artículo 18 de la CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen[2]. Por lo que aquí nos interesa; y partiendo de la autonomía de estos tres derechos fundamentales, en tanto que garantías indudablemente relacionadas pero dotadas de sustantividad propia[3]; el derecho a la propia imagen confiere a su titular la facultad exclusiva de difundir o publicar su propia imagen y, por ende, de evitar su reproducción, entendiéndose por imagen la reproducción o representación de la figura humana en forma visible y reconocible. Así, según ha expresado nuestro Tribunal Supremo, el citado derecho tiene una doble dimensión o faceta: “la positiva o facultad de decidir sobe la obtención, reproducción y publicación de la propia imagen, y la negativa, que autoriza para impedir la mera obtención, la reproducción o la difusión de la propia imagen por un tercero sin que medie el consentimiento de su titular”[4] (STS 748/2011, de 17 de octubre). 

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18 CE), según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información (art. 20.1 CE). Dicha limitación tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, el cual debe ser resuelto mediante las denominadas técnicas de ponderación constitucional[5], teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso. En este sentido, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han ido estableciendo una serie de criterios (a veces bastante difusos) tendentes a delimitar la frontera existente entre el derecho a la propia imagen y el derecho a la información.

LIMITES AL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN: ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA PONDERACIÓN DE DERECHOS

1. La ponderación entre el derecho a la propia imagen y las libertades de expresión e información debe tener en cuenta, en primer lugar, si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, pues en dicho caso, el peso de la libertad de información es más intenso[6] (STSS 19 de julio de 2004 y 6 de julio de 2009, entre otras). Así, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional, “aquellas personas que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, o que adquieren un protagonismo circunstancias al verse implicados en hechos que son los que gozan de esa relevancia pública, pueden ver limitados sus derechos con mayor intensidad que los restantes individuos como consecuencia, justamente, de la publicidad que adquiera su figura y sus actos”[7] (SSTC 134/1999, de 5 de mayo, 49/2001, de 26 de febrero, 99/2002, de 6 de mayo, entre otras). En palabras de la conocida STS 16 de abril de 2007 (27/2007), “el derecho a la propia imagen puede ceder cuando exista un interés público en la captación o difusión de la misma, si ese interés público se considera que debe prevalecer sobre el particular de la persona en evitarlas”. Por lo tanto, el personaje público que en lugar público se expone a la mirada ajena asume que su imagen pueda ser captada y difundida sin su consentimiento aunque no le satisfaga el resultado y siempre que tenga interés según el género socialmente admitido al que pertenezca el medio de comunicación (STS 12 de junio 2009). No obstante, la libertad de información no ha de entenderse incondicionada en estos casos, sino que habremos de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. Así, habrá que analizar diversos elementos, como el carácter público o privado del lugar donde fueron tomadas las imágenes o si se ha producido una vulneración conjunta del derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad. Por ejemplo, podemos señalar la STC 83/2002 de 22 de abril, en la que, respecto de una persona de proyección pública en el ámbito de su actividad profesional, se consideró que hubo intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen al captarse y publicar sin su autorización unas fotos del demandante en compañía de unos amigos en una playa[8]

2. En segundo lugar, existe una abundante jurisprudencia que toma en cuenta el carácter accesorio de la imagen de una persona, respecto del texto escrito o el contexto de la fotografía o imágenes[9] (SSTS, 19 de octubre de 1.992, 14 de marzo de 2.003, 17 de marzo de 2.004,15 de julio de 2.005, 22 de febrero de 2007, entre otras). En este sentido, la jurisprudencia citada declara que existe tal carácter cuando la imagen no es elemento principal, porque no es necesaria la presencia, ni tiene especial relación con el objeto de la captación o proyección, y no hay nada desmerecedor o de desdoro para el afectado. Respecto del requisito negativo expuesto en último lugar, destaca la STS 17 de octubre de 2011 (748/2011), en la cual, enjuiciando una supuesta vulneración del derecho a la propia imagen de una mujer fotografiada en la puerta de un juzgado para la ilustración de una noticia sobre violencia de género: En este caso, recuerda el Tribunal que, si bien es cierto que la imagen de la demandante que figura en la fotografía publicada pudiera considerarse como accesoria de una información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público, “no lo es menos que (…) el periódico debió extremar las precauciones y cuidar especialmente la posibilidad de confusión o vinculación con los hechos relatados dadas las connotaciones negativas desde el punto de vista social que un supuesto como el que se noticiaba podía acarrear en la persona de la demandante que nada tenía que ver con el”. Si se estima la prevalencia de la libertad de información, en la STS 22 de Febrero de 2011 (118/2011), al considerar que la imagen del demandante que figura en la fotografía publicada “aparece de manera secundaria e intrascendente, como accesoria de una información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público (…)” siendo otro el objeto principal de la fotografía, “por lo que en este caso no era preciso el consentimiento del fotografiado para su publicación junto con el reportaje escrito, cuya difusión se halla permitida en aras de la libertad de información”. 

3. Otro elemento a tener en cuenta a la hora de valorar si ha existido o no vulneración del derecho fundamental a la propia imagen, es la existencia o no de consentimiento del titular. En la STS 22 de julio de 2008 (754/2008), se consideró que no se había vulnerado el derecho a la imagen de una modelo que había concedido autorización para la explotación comercial de su imagen por el fotógrafo que había realizado un "book" fotográfico, el cual cedió posteriormente a una empresa de cosméticos la imagen para la promoción comercial de los productos que elaboraba y distribuía. La sentencia diferenció, por un lado, el aspecto patrimonial del derecho y las cuestiones relativas a la vertiente de la explotación comercial de la imagen, carentes de dimensión constitucional, y concentradas en el ámbito del contrato, en donde debían enmarcarse las pretensiones económicas derivadas de unos perjuicios que no eran morales, sino estrictamente de naturaleza económica; y, por otro lado, la vertiente constitucional del derecho, respecto de la cual destacó la necesidad de que la intromisión ocasione una lesión de la dignidad de la persona, circunstancia que no se producía en aquel caso, en donde, además, el originario consentimiento de la titular del derecho había creado una apariencia de titularidad en el cesionario frente a quien finalmente reprodujo la imagen con fines comerciales (En la misma línea, encontramos la STS 230/2008 de 25 de septiembre)[10]. Especialmente relacionado con la existencia de consentimiento, encontramos los actos propios del titular como elemento a valorar, en aras a determinar si ha existido intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. En este sentido, tal y como ha señalado la jurisprudencia, se trata de analizar la conducta previa del afectado por la difusión no consentida de la propia imagen. Así pues, habremos de considerar que no ha existidos intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del afectado, en aquellos casos en que la previa conducta de éste o las circunstancias en halle, justifiquen un descenso en el nivel de protección del derecho la propia imagen, de tal forma que deba prevalecer el interés ajeno o el público con que se ha producido la colisión (SSTC 99/1994, de 11 de abril, 14/2003, de 28 de enero) 

4. En cuarto lugar, debemos señalar la inexistencia de transgresión del derecho a la propia imagen, cuando se utilice la caricatura de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, de acuerdo con el uso social[11]. En este sentido, tal y como ha apuntado BLASCO GASCÓ[12], “parece claro que el conflicto se manifiesta entre el derecho a la propia imagen y la libertad expresión, una de cuyas manifestaciones gráficas más conspicuas es precisamente la caricatura: la norma no permite la caricatura de personas sin proyección pública, sino exclusivamente de aquellas personas en que sí concurra esta condición pública”[13]. Así pues, como es evidente, el resto de personas (personajes no conocidos por la generalidad) conservan intacto su derecho a la imagen, la cual puede ser vulnerada no sólo a través de fotografía, vídeo, retrato, etc., sino también mediante la caricatura. Habida cuenta del carácter humorístico o jocoso que siempre acompaña a la realización de una caricatura, debemos apuntar la mayor amplitud de la libertad de expresión en estos casos. Sin embargo, ello no significa que todo ejercicio de la libertad de expresión consistente en la publicación de una caricatura se halle exento de limitaciones, pues, como recuerda el autor antes reseñado, “dicho ejercicio de la libertad de expresión puede transformarse en una clara vulneración del derecho al honor o a la intimidad, sin infringir, sin embargo, el derecho a la propia imagen”. Así lo ha considerado el propio Tribunal Constitucional, al apreciar intromisión ilegítima a través de un texto, historieta o cómic pese a su tono jocoso o burlón cuando el llamado animus iocandi se utiliza precisamente como instrumento de escarnio (STC 176/95 de 11 de diciembre). De la misma forma, el Tribunal Supremo, en la STS 378/2000 de 14 de abril, señaló que “por consustancial que sean al género satírico tanto la ridiculización del personaje y el tono jocoso o burlón como la brevedad y rotundidad del mensaje, dicho género no puede quedar por completo al margen de la protección que merezca el honor del personaje objeto de burla o, dicho de otra forma, el acudir a ese género no borra ni elimina los límites que impone la protección del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”[14]

5. En determinados casos de publicación de imágenes, habrá de valorarse la existencia de una eventual autorización previa por parte de la Autoridad[15]. En este sentido, debemos destacar la STC 14/2003 de 30 de enero, en la que se discutía acerca de la vulneración de los derechos a la propia imagen y al honor mediante la difusión por la policía de la fotografía de un detenido, tomada en las dependencias policiales el día de su detención, por su implicación en una investigación por asesinato. El Tribunal Constitucional, partiendo de que no cabe apreciar la existencia de un conflicto entre el derecho a la propia imagen del recurrente con el derecho a la libertad de información, “no puede sin embargo descartarse que puedan concurrir otros bienes constitucionales o de interés público más dignos de protección, dadas las circunstancias del caso, que el interés del demandante de amparo en evitar la difusión de su imagen, lo que excluiría el carácter ilegítimo de la intromisión apreciada en su derecho a la propia imagen”. Así pues, partiendo de la posible existencia de una intromisión en el derecho a la propia imagen del demandante, considera el Tribunal que la dicha intromisión podría no resultar ilegítima “si se revela como idónea y necesaria para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, proporcionada para lograrlo y se lleva a cabo utilizando los medios necesarios para procurar una mínima afectación del ámbito garantizado por el derecho fundamental”[16] (Doctrina recogida en STC 156/2001, de 2 de julio).

[1] Como puede intuirse, la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio). Sin embargo, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero , y 77/2009, de 23 de marzo). 
[2] Junto con la previsión constitucional del Art 18, que únicamente enumera y reconoce los derechos (pero no desarrolla su contenido), debemos señalar la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
[3] “La relación esencial del derecho a la imagen, es, ante todo, con el principio de la dignidad de la persona que proclama el Art 10 de la CE, si bien este principio es el que inspira todos los derechos de la personalidad, (…) el derecho a la imagen es distinto al derecho al honor. Puede lesionarse uno u otro, o bien lesionarse ambos, o lesionarse el honor a través de la imagen (…). Con el derecho a la intimidad se debe llegar a la misma conclusión que con el derecho al honor. Son distintas y autónomas con respecto al derecho a la imagen. Puede lesionarse uno u otro, o lesionarse ambos, o por último, lesionarse el derecho a la intimidad a través de la imagen” XAVIER O’CALLAGAHN, Libertad de expresión y sus límites: Honor, intimidad e imagen. Págs. 133, 134 y 135. 
[4] Más específicamente, el Tribunal Constitucional caracteriza el derecho a la propia imagen como “un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que pueden tener difusión pública y a impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- perseguida por quien la capta o difunde”. Así mismo declara que “se trata de un derecho constitucional autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima, pretendiendo la salvaguardia de un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás. Por ello atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual” (SSTC 99/1994, de 11 de abril, 1714/2003, de 28 de enero, 300/2006, de 23 de octubre, 72/2007, de 16 de abril y 77/2009, de 23 de marzo). 
[5] Por ponderación se entiende, “tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella” (STS 898/2011, de 30 de Noviembre). 
[6] Art 8.2.a Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen 
[7] En este sentido, cabe destacar la especial relación existente entre esta cuestión y los denominados usos sociales, a que hace referencia la STS 631/2012 de 13 de septiembre: “El demandante es persona de indiscutida proyección pública y cuyos usos sociales, en su ámbito propio, se manifiestan en constantes apariciones públicas, proyectadas en prensa, revistas y televisión; no deja de ser extraño que en el presente caso se haya formulado demanda, no ya por los comentarios jocosos, sino por las imágenes publicadas. Por lo cual, esta delimitación por los propios usos sociales excluye la protección a su derecho a la imagen. 
[8] En este sentido, destaca la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la publicación no consentida de imágenes playeras de personas de notoriedad o proyección pública en lugares públicos recopilada en la STS 18 de noviembre de 2008 (29 de marzo de 1988, 28 de mayo de 2002, 7 de abril de 2004, 1 de julio 2004, 12 de julio de 2004 y 28 de noviembre de 2008, 12 de junio de 2009 y 24 de mayo de 2010), desprendiéndose de su examen conjunto que la intromisión será ilegítima si la persona ha sido fotografiada en un lugar no público o, también en un lugar público pero recóndito, apartado, de difícil acceso, buscado por la persona afectada para preservar la intimidad o determinados aspectos de su imagen. 
[9] Art 8.2.c Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen 
[10] La STS 25 de septiembre de 2008, se sitúa en la misma línea de diferenciar el aspecto constitucional y el estrictamente patrimonial del derecho a la propia imagen. En la misma, se declaró que no se producía una intromisión ilegítima en el derecho de quien había prestado consentimiento para que su imagen apareciera reproducida en un programa de televisión, y que había sido difundida con posterioridad en unas fotografías publicadas en un medio de comunicación distinto. La Sala consideró entonces que se había dado el supuesto contemplado en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 , y que, otorgado el consentimiento, la cuestión litigiosa quedaba enmarcada, no en el aspecto constitucional del derecho a la propia imagen, sino en su aspecto patrimonial, en particular, en el relativo al cumplimiento o incumplimiento del contrato que tuvo por objeto la cesión del derecho a la imagen para su reproducción. 
[11] Art 8.2.b Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
[12] FRANCISCO DE P. BLASCO GASCÓ, Algunas cuestiones del derecho a la propia imagen. Edición digital en Web: http://www.derechocivil.net/esp
[13] En efecto, parece que la posibilidad legal de publicar caricaturas de personajes públicos se fundamenta en la libertad de expresión, que, tal y como ha apuntado el propio Tribunal Supremo, “posibilita, tanto la crítica política y social como el desarrollo de la personalidad, jugando un papel fundamental en la formación de la opinión pública, entendida como la suma de los plurales y diversos puntos de vista que existen y se exteriorizan en una sociedad sobre cualquier tema” (STS 9 de Julio de 2004). 
[14] Finalmente, en cuanto al concepto de caricatura, es cierto que su primera acepción en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguna persona), puede resultar un tanto estrecha, a los efectos de aplicación de la Ley Orgánica 1/82 de acuerdo con la realidad social, si por limitarla a los dibujos se excluyen las composiciones o montajes fotográficos. En este sentido, la STS 185/2006 de 7 de marzo, destaca como “la acelerada expansión de la fotografía digital y de los programas informáticos de tratamiento de la imagen, hasta llegar a su actual divulgación al alcance del gran público, es un factor determinante de que, en el ámbito jurídico, no sean en absoluto descartables las caricaturas mediante composiciones fotográficas” 
[15] Art 8.1 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
[16] Finalmente, el Tribunal Constitucional consideró que no existían otros derechos o bienes constitucionales que prevaleciesen sobre el derecho a la propia imagen del recurrente y, en consecuencia, que resultasen más dignos de protección que éste. Por lo tanto, el Tribunal determinó que la difusión o distribución por la policía a determinados medios de comunicación de la reseña fotográfica tomada al demandante, había vulnerado su derecho a la propia imagen.

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