sábado, 17 de noviembre de 2012

El abuso de derecho y la posibilidad de evitar la continuación de la ejecución hipotecaria


Hace un par de días, el Gobierno nos sorprendía con una nueva ocurrencia para tratar de solucionar el drama social que vive nuestro país en torno al creciente número de ejecuciones hipotecarias. Al parecer, el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, no deja de ser una improvisación más -legislación en caliente- en medio de la tormenta perfecta: miles de familias desahuciadas y en la miseria, estruendoso clamor social frente a normas consideradas injustas -con o sin razón-, y como colofón, un buen número de jueces y magistrados a quienes la ética ya no les permite seguir aplicando de manera automática el severo régimen de ejecución hipotecaria previsto en la legislación vigente.

El fantástico humor de esta tarde no me permite desarrollar un comentario en profundidad del Real Decreto-ley recién publicado. En cualquier caso, ya veremos por donde evolucionan algunas de las promesas que incorpora..., y muy especialmente el "Fondo social de viviendas" a que se refiere la Disposición Adicional Única. En líneas generales, parece que el RD-ley viene a ampliar la protección establecida en favor del deudor hipotecario vulnerable por el fallido Real Decreto-ley 6/2012 -las pesimistas previsiones sobre los efectos de esta norma han terminado por cumplirse-. Como medida más significativa, ha de destacarse la prevista en su artículo primero, sobre la suspensión durante un periodo de dos años de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables (que haya entendido el Gobierno por "colectivo especialmente vulnerable" bien merecería un comentario...).

Sin embargo, quiero aprovechar esta ocasión para publicar un comentario jurisprudencial realizado hace algunas semanas,propósito del auto de 27 febrero 2012 del Juzgado de Primera Instancia núm. 8. de Valladolid (AC\2012\357). 

Los HECHOS son los siguientes:

  - La entidad bancaria fijó un valor de tasación de la vivienda de 113.100 euros. Este valor, además de ser muy superior al principal del préstamo (78.000 euros), se hizo coincidir -como es habitual en la práctica-, con el importe total del principal, intereses, gastos y costas.

  - Tras el impago por parte del deudor y el posterior despacho de ejecución, la entidad bancaria se adjudicó  en subasta pública la vivienda por el 50% el valor de tasación, es decir 56.550 euros.

  - En base a que el objeto de la subasta no ha sido suficiente para cubrir la deuda reclamada, la entidad bancaria solicitó que se continuado la ejecución por las cantidades pendientes (18.269 euros de principal y 10.000 euros presupuestados para intereses y costas).

  - Al tiempo que insta la continuación de la ejecución por lo que falta, pone a la venta la vivienda por un precio de 95.000 euros, como se infiere de la página Web aportada por el cliente. 

ARGUMENTOS del Juez:

  A) A pesar de que los artículos 579 y 570 de la LEC y 1911 del CC amparan en principio la facultad del ejecutante para instar la ejecución, el juzgador no puede desconocer el artículo 3.1 del CC ("las normas se interpretarán ... según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas"), que obligaría a tener en cuenta la problemática social que se ha suscitado en torno a la ejecución hipotecaria por las gravísimos efectos sociales que la regulación de la misma ha generado y sigue generando en el actual contexto de crisis económica al establecer un procedimiento que resulta absolutamente perjudicial para el ejecutado.

 B) El Juzgado de Primera Instancia considera aplicables y reproduce los argumentos esgrimidos -para la resolución de supuestos similares-, por la Audiencia Provincial de Navarra en el auto núm 111/2010 de 17 de diciembre (AC 2011/1) y posteriormente, por la Audiencia Provincial de Girona, en el auto núm. 119/2011 de 16 de septiembre (AC 2011/2172).

  C) Teniendo en cuenta que la propia entidad bancaria otorga un valor real y actual, pese a la crisis del mercado, bastante superior a la deuda reclamada -lo que se desprende del precio ofertado en la página web-, la actuación del banco iría contra el principio de los propios actos.

  D) Dado que la adjudicación no se produce a favor de un tercero ajeno al pleito, sino a favor del propio ejecutante por el 50% de su valor valor de tasación, y al mismo tiempo la entidad promueve la venta de la vivienda por un precio superior, "se produciría un enriquecimiento injusto (...) que en ningún caso podría estar amparado por la Ley". Asimismo, considera que el juzgador que este hecho evidenciaría que la actuación de la ejecutante puede entenderse "contraria al principio de buena fé que debe presidir la ejecución de un derecho, como establece el artículo 7 del CC".

  E) Finalmente, añade el Juzgado de Primera Instancia que la actuación llevada a cabo por la entidad ejecutante "podría implicar un verdadero abuso de derecho (...) y un uso antisocial del derecho en la medida en que es una actuación que por su objeto o por las circunstancias en que se realiza sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho". Así, dado que la ratio legis de la norma es que el acreedor cubra la deuda que el prestatario tenga pendiente con el propio bien que la garantiza, sería rechazable continuar una ejecución cuando aquella deuda resulta satisfecha con la adjudicación de la vivienda -teniendo en cuenta el valor de mercado actual, fijado por la propia ejecutante-.

FALLO:

El Juzgado de Primera Instancia decide estimar el recurso de revisión formulado por el ejecutado, en el sentido de declarar que no procede la continuación del procedimiento de ejecución. 

COMENTARIO:

  1) Tal ha sido la incidencia en el debate público de casos como el analizado, que el Gobierno aprobó, hace más de medio año, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Teniendo en cuenta los limitados efectos prácticos que han venido deprendiéndose de esta norma -lo cual era previsible desde su entrada en vigor-, el problema continua para miles de familias. Por esta razón, continúan -y continuarán- produciéndose litigios en torno a la búsqueda de una posible solución que no pase por aplicar automáticamente la norma en favor de la entidad ejecutante.

  2) El tenor literal del artículo 579 de la LEC no podría ser más claro: "si subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución". Precisamente por ello, la jurisprudencia -casi- unánime ha optado -en casos como el presente- por aplicar la norma de manera automática (por todas, STS núm. 128/2006, de 16 de febrero, RJ 2006/720), sin entrar a valorar que ello pudiera conllevar una violación de principios generales no amparable conforme a Derecho. 

  3) El auto comentado, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8. de Valladolid, de 27 febrero 2012, pertenece a una doctrina aún minoritaria -aunque en crecimiento-, que ha optado por inaplicar en ciertos supuestos -en base a determinados principios generales- el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante la petición de una entidad bancaria -acreedora- de continuar el procedimiento de ejecución contra el deudor una vez adjudicado el bien hipotecado y no habiendo quedado cubierta la totalidad de la deuda. 

  4) Si bien considero acertada la decisión adoptada por el juzgador, entiendo que el proceso de argumentación seguido es bastante mejorable. Al igual que ocurriera en su día con las resoluciones dictadas por  la AP de Navarra (auto de 17 de diciembre de 2010) y la AP de Girona (auto de 16 de septiembre de 2011), en el proceso de argumentación conducente al fallo se entremezclan una serie de elementos interpretativos y principios generales -doctrina de los actos propios, principio de buena fe, abuso de derecho, protección de los consumidores, etc.-, sin que sepamos demasiado bien cual es el criterio definitivo a la hora de adoptar la decisión.

  5) Teniendo en cuenta que la norma no plantea duda alguna en cuanto a su tenor literal -no pudiendo dar lugar a interpretaciones diversas- considero que la decisión de inaplicarla en determinados supuestos de hecho -dando por saldada la deuda con la adjudicación de la vivienda en favor de la entidad bancaria- requiere de una argumentación sólida y elaborada.

  6) En primer lugar, cabe valorar si la actuación de la entidad bancaria incurre en abuso de derecho y es contraria al principio de buena fe ex artículo 7 del CC y artículo 11 de la LOPJ, en tanto que comporta ejercicio antisocial del derecho, en la medida en que, “en base a una norma jurídica, se busca obtener una consecuencia que no entra dentro de la previsión para la cual hay que entender que ha sido dictada”. Como establece la STS 14 de Febrero de 1994, los requisitos para la concurrencia de abuso de derecho son los siguientes: “a) uso de un derecho, objetiva o externamente legal; b) daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica; y c) inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva -cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar, o sencillamente sin un fin serio y legítimo-, o bajo forma objetiva -cuando el daño procede de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho-”. En este sentido, dado que la finalidad del artículo 579 de la LEC no es, en modo alguno, la de que el acreedor obtenga un beneficio injustificado, sino únicamente la de que éste pueda cobrar por vía de ejecución del bien gravado en garantía, la deuda que el prestatario tenga pendiente; proseguir -en determinados supuestos- la ejecución respecto de los demás bienes del deudor, equivaldría a contravenir la propia finalidad y espíritu de la norma, y, por tanto, significaría incurririr en un verdadero abuso de derecho, en tanto que se produciría un quebranto desproporcionado y inmoral del deudor, mediante el ejercicio del derecho, por parte del acreedor, en un modo excesivo o anormal (y todo ello bajo la cobertura de una norma que formalmente ampara dicho ejercicio).

  8) Como refuerzo argumentativo, pueden exponerse ser tenidos en cuenta los siguientes elementos interpretativos: En primer lugar, conviene reseñar que, cuando se está ante ejecuciones instadas por entidades de crédito frente a particulares, por mucho que nos hallemos en sede de ejecución hipotecaria, no desaparece la necesidad de dar una protección adecuada a los consumidores y usuarios, en tanto que principio constitucionalmente reconocido (art. 51 CE) y legalmente desarrollado (TRLGDCU). En segundo lugar, ha de tenerse cuenta la Justicia material, puesta en relación con la facultad moderadora de los tribunales, y unida a la necesaria protección de la parte débil del contrato, optando por “una solución que no olvide la justicia del caso y no conlleve un beneficio injustificado a favor de aquella parte que interviene en una posición de fuerza en la firma de un contrato de adhesión” (SAP Girona 16 de septiembre de 2011). En tercer lugar, no puede desconocerse el propio artículo 3 del Código Civil, que exige de nuestros Jueces y Tribunales una interpretación de la norma conforme al tiempo social en que ha de ser aplicada, y teniendo en cuenta el espíritu y finalidad de la misma. Finalmente, respecto de la protección de la parte débil del contrato, hemos de mencionar la normativa reguladora de las condiciones generales de la contratación, y especialmente la LCGC. Desde esta perspectiva, frente a la necesaria protección del acreedor para el logro de la satisfacción de su crédito, debe defenderse igualmente la necesidad de evitar causar al deudor perjuicios patrimoniales superiores a los necesarios para proteger el derecho de crédito, más aún cuando nos encontramos ante un contrato de adhesión, en el que es una de las partes (prestamista) predispone e incorpora unilateralmente una gran parte del contenido del contrato.

  9) En conclusión,  no cabe duda de la existencia de que los elementos normativos e interpretativos de que pueden servirse nuestros Jueces y Tribunales, para evitar situaciones ciertamente injustas que, en algunos casos, pueden revelarse como manifiestamente contrarias a los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. En tales casos, cuando se constate que la petición de la entidad de crédito de continuar la ejecución es notoriamente abusiva, el juzgador habrá de denegar la continuación del procedimiento (dando por cancelada la deuda), en atención a las circunstancias del caso concreto, y, claro está, tras haber confirmado la buena fe del deudor y examinado la situación en que se contrajo el crédito, así como todas aquellas circunstancias que pudieran tener relevancia a efectos de determinar la existencia o no de un posible comportamiento abusivo por parte de la entidad de crédito ejecutante.


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