lunes, 13 de enero de 2014

¿Interrogatorio de parte acordado de oficio por el juez?

Después de un largo parón, tengo el placer de publicar de nuevo con la colaboración de Emilio Moyano Martínez, excepcional compañero de viaje durante los últimos meses. Como prueba de que teoría y práctica no deben estar reñidas y que sólo con una buena base de principios se puede cocinar un buen plato en la práctica del Derecho, nos decidimos hace meses a escribir sobre una cuestión procesal de plena actualidad. Emilio, aprovecho la ocasión para desearte lo mejor en ese nuevo proyecto que emprendes, donde doy por hecho que el éxito estará asegurado.
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Con carácter general, en nuestro ordenamiento jurídico procesal se atribuye a las partes la determinación de los medios de prueba de los que valerse para hacer valer sus pretensiones. Así lo disponen los artículos 216 y 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En efecto, mientras el artículo 216 define el principio de justicia rogada de la siguiente manera; “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”, el artículo 282, al tratar la iniciativa de la actividad probatoria establece que “las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezcan la ley”. Las excepciones a las que se refieren ambos preceptos no son otras que los procesos no dispositivos, en los que “sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes” (artículo 752.1, párrafo segundo, LEC).

Ahora bien, el artículo 429.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concede al Juez la facultad de señalar, en determinados supuestos, las pruebas cuya práctica considere convenientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Disponen los párrafos segundo y tercero del mencionado precepto (los subrayados son nuestros):

"Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica  considere conveniente.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal".




¿Qué significado debe atribuirse a esta norma?, ¿es posible interpretar que habilita al juez para acordar pruebas de oficio cuando considere insuficientes las propuestas por las partes? Aunque pueda resultar llamativo, así lo han entendido en no pocas ocasiones los jueces de primera instancia en procesos que versan sobre vicios en el consentimiento, por error o dolo, en la contratación de productos financieros. De este modo se ha empleado el artículo 429.1 LEC  para acordar de oficio el interrogatorio de parte no propuesto por la parte contraria. 

Entendemos sin embargo, que dicha interpretación de la norma resulta cuando menos desafortunada. 

Partiendo del criterio de interpretación telelógica, no cabe duda de que en la mente del Legislador nunca estuvo presente la intención de atribuir al juez la facultad de acordar de oficio la práctica del interrogatorio de parte. En este sentido, la propia Exposición de Motivos de la LEC nos recuerda que "el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en función de sus derechos e intereses legítimos", de tal forma que, según el principio de justicia rogada, "no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho ... Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisión, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jurídicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensión y con las debidas garantías, se impone a las partes, excepto en casos de singular simplicidad, estar asistidas de abogado".

Asimismo, de acuerdo con los criterios de interpretación literal y sistemático, la lectura que resulta más coherente con el principio de justicia rogada o principio dispositivo, pasa por entender que el Juez puede recomendar a las partes la proposición de prueba que, por el motivo que fuere no hubiera sido propuesta de inicio, pero en ningún caso acordarla de oficio. El tenor literal del precepto es claro cuando dice que el Juez “podrá señalar…la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente”, para que las partes, si así lo consideran, puedan completar o modificar sus proposiciones de prueba. Cuando el legislador ha querido conceder al Juez la facultad de acordar de oficio la práctica de prueba, así lo ha hecho de modo expreso. Es el caso de las diligencias finales, en relación con las cuales señala el artículo 435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el tribunal “podrá acordar, de oficio o a instancia de parte” (según los casos), la práctica de prueba. 

Hay que tener además en cuenta la configuración legal del interrogatorio de parte. Dispone en este sentido el artículo 301.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio.” (el subrayado es nuestro). El legislador ha querido que el interrogatorio de parte solo pueda ser propuesto por la parte contraria y quizá sea ésta una de las manifestaciones más evidentes del principio dispositivo. Y puede ser cuestionada, pero para ello habrá que apartarse de los principios inspiradores de la nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil.

Acordar de oficio el interrogatorio de parte supone cambiar las reglas del juego a mitad del partido, excediéndose así el Juez de la posición que está destinado a ocupar, cercana a la de mero espectador. Siguiendo una expresión gráfica de un apreciado colega y profesor, el Juez debería actuar de un modo muy parecido a como lo hace el árbitro en un partido de tenis: siguiendo atentamente la pelota de lado a lado de la cancha y gritando out cuando ésta sobrepase la línea de cal. Pero no puede decidir dónde se sitúa esta línea, pues el tamaño de la cancha, las reglas del juego, ya están fijadas de antemano por quien tiene la competencia para ello.


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