lunes, 3 de noviembre de 2014

El nuevo recurso de apelación en la ejecución hipotecaria


El pasado 5 de septiembre, El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes con la finalidad de facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas que entran en un procedimiento de concurso de acreedores. 

En esa misma norma el Ejecutivo aprovecha para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), por medio de una disposición final, para dar cumplimiento a la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 17 de julio de 2014. 

En la mencionada resolución, el TJUE estableció que había una incompatibilidad entre el Derecho Comunitario y nuestro Derecho interno, concretamente, en lo que se refería a la imposibilidad de apelar el auto que desestima la oposición del ejecutado, en sede de ejecución hipotecaria. En este punto, debemos recordar que según redacción de la norma dada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, únicamente cabía recurso “contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva”. 

Entrando a valorar las novedades introducidas por el Ejecutivo el pasado viernes, lo primero que llama la atención es la técnica legislativa empleada: (i) en primer lugar, porque se utiliza de nuevo la figura del Real Decreto Ley, sustrayendo del debate parlamentario una importante modificación de la ley rituraria; (ii) y, en segundo lugar, porque se reforma un aspecto del procedimiento de ejecución hipotecaria, aprovechando un Real Decreto que versa sobre otras cuestiones que nada tienen que ver. 

Vayamos ahora con el fondo de la norma. Según la Disposición final tercera del Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, el artículo 695.4 de la LEC, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva.

¿Qué ocurre con las ejecuciones hipotecarias actualmente en curso? En este punto, la Disposición transitoria cuarta establece que la nueva norma se aplicará a los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiera producido la puesta en posesión del inmueble al adquirente. Asimismo, en aquellos procedimientos en los que hubiera concluido el plazo para recurrir el auto que hubiera desestimado la oposición, se prevé un plazo de un mes para formular recurso de apelación, computándose dicho plazo desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley.


Hasta aquí la descripción aséptica del contenido de la norma, pero ¿qué implicaciones jurídicas tendrá su entrada en vigor?

Es evidente que la norma entra a regular en un ámbito que ha sido extraordinariamente polémico durante los últimos años. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis económica en el año 2008, las ejecuciones hipotecarias se han convertido rápidamente en portada de periódicos y tema recurrente en todo tipo de programas de radio y televisión. En el ámbito académico se han escrito ríos de tinta, y, por supuesto, el Legislador no ha tardado en poner en marcha medidas tendentes a mitigar –en mayor o menor medida- uno de los muchos dramas sociales que esta crisis ha traído consigo. 

Como casi siempre, no existe un único punto de vista a la hora de verter una opinión sobre la novedad legislativa analizada, y, evidentemente, es aún pronto para valorar cuáles serán los efectos prácticos a medio-largo plazo.

Desde la perspectiva de los consumidores, el efecto inmediato de la nueva norma es que los deudores hipotecarios dispondrán de una nueva oportunidad procesal –en vía de recurso devolutivo- de indudable relevancia, en aras a defender sus intereses en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Se ve reforzado el principio de igualdad de armas, y, con ello, aumentan las posibilidades de demorar sine die –hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial- el temido momento de abandonar el inmueble. Lógicamente, la posibilidad de recurrir en apelación el auto que desestima la oposición, queda circunscrito a aquellos supuestos en que la oposición se hubiera fundado en el carácter abusivo de una cláusula contractual (fundamentalmente, cláusulas suelo/techo, cláusulas de interés moratorio y de vencimiento anticipado). 

En el otro lado de la balanza se encuentran las entidades bancarias. Lo primero que debemos tener en cuenta es que un importante porcentaje de los préstamos hipotecarios vigentes contienen cláusulas suelo o de establecimiento de intereses moratorios. Tales cláusulas no son abusivas per se, pero el hecho de se encuentren previstas en el contrato abre la posibilidad de que el ejecutado pueda fundar su oposición en la causa 4ª del artículo 695.1 de la LEC. Por lo tanto, si nos fijamos en el corto plazo, es previsible que en un buen número de los procedimientos de ejecución hipotecaria –tanto los ya iniciados como los futuros- se produzcan importantes complicaciones para las entidades bancarias. Estas complicaciones, sin embargo, ya venían produciéndose con anterioridad a esta modificación legislativa, en la medida en que muchas Audiencias Provinciales –con discrepancia de criterios- ya habían tomado nota de la Sentencia del TJUE.

Pensando en el medio-largo plazo, no es posible afirmar que la hipoteca vaya a ser una garantía menos “fuerte” de lo que era antes, en la medida en que las reformas que han tenido lugar –refiriéndome también a la Ley 1/2013- se limitan a modificar, de manera parcial, un aspecto muy concreto del procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Por otra parte, es deseable que el establecimiento de este nuevo mecanismo procesal –junto con la causa de oposición que se introdujo en su día en artículo 695.1.4ª de la LEC- traiga consigo efectos positivos para el conjunto del sistema, actuando como un incentivo para que los bancos –y también los consumidores- extremen la precaución en la fase precontractual: aplicando principios de prudencia en la concesión de financiación a las familias, cuidando al máximo la redacción de las cláusulas contractuales, y, por último, afianzando cada paso a seguir en el proceso de contratación. A la postre, en la medida en que se refuerce ese control previo en la contratación de préstamos hipotecarios –para evitar los riesgos existentes en sede de ejecución-, aumentará la confianza de los agentes económicos en la propia garantía, promoviendo la titulización de las hipotecas –esta vez racional y controlada-, y, por lo tanto, beneficiando al mercado hipotecario en su conjunto. 


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